Por El Kinder
En el Centro Penitenciario de Oriente, conocido comúnmente como La Pica, en Monagas, durante los años de la lucha armada venezolana en las décadas del setenta y ochenta, todos aquellos que confrontaron al régimen de turno terminaban confinados en sus pabellones. Nada que ver con esos presos políticos de hoy que salen en libertad exhibiendo sobrepeso.
En La Pica, donde estuve recluido por Rebelión Militar, no existía norma reglamentaria alguna: regía, sin atenuantes, la Ley del Carcelero. Los calabozos de castigo estaban a la orden del día. El pésimo régimen alimenticio, las requisas violentas ejecutadas a deshoras, la suspensión sistemática de la atención médica y el aislamiento arbitrario formaban parte del repertorio cotidiano del verdugo.
En contrainteligencia no existen las casualidades carcelarias ni los carceleros autónomos. Quien crea que privar a un cuadro de libros durante dos semanas o confiscarle elementos básicos de higiene responde a la arbitrariedad burocrática de un funcionario menor, no comprende la lógica del poder. Cada torniquete aplicado en la celda donde permanecen Nicolás Maduro y Cilia Flores es una directiva milimétricamente calibrada para provocar un eco exacto en los despachos de Caracas.
«El rehén opera como el punto de presión biológico sobre la cadena de mando: el costo de la resistencia política lo paga el cuerpo que el adversario mantiene bajo custodia.»
El dispositivo es tan antiguo como los manuales de contrainsurgencia: la administración dosificada del suplicio cotidiano como palanca de extorsión política. Cuando la vocería de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello tensa la línea discursiva, el aparato carcelario responde recortando derechos elementales con un impacto simultáneo: sobre los rehenes confinados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y sobre el conjunto de la sociedad venezolana. No se trata de desidia administrativa; es disciplinamiento por sustitución. ¿Alguien todavía lo duda? Las medidas coercitivas unilaterales continúan asfixiando la estructura económica nacional.
El rehén opera como el punto de presión biológico sobre la cadena de mando. La privación sensorial, la humillación cotidiana y el despojo de las condiciones mínimas de subsistencia constituyen técnicas estandarizadas de desestructuración psicológica orientadas a fijar un mensaje inequívoco: el costo de la resistencia política lo paga el cuerpo que el adversario mantiene bajo custodia. Una maniobra calculada a dos bandas.
Ese mismo mecanismo explica la dinámica exterior del Estado venezolano en los foros multilaterales. Una intervención ante la Asamblea General de la ONU y un encuadre fotográfico de alto nivel nunca son concesiones gratuitas ni victorias protocolares. Hay fotografías diplomáticas cuyo valor real se tasa en minutos de visita en Brooklyn.
Son transacciones calculadas al milímetro. La alteración de la diplomacia formal —el desplazamiento del canciller natural en favor de una figura del primer anillo de poder— evidencia que lo ventilado en esos pasillos no respondía a doctrina exterior, sino a una mesa de canje asimétrica: un margen mínimo de contacto, una visita cronometrada, a cambio de gestos de legitimación y distensión táctica en el tablero internacional. Quien sepa leer entre líneas comprenderá el repliegue.
Sin embargo, la doctrina del carcelero imperial opera con dos caras frente a su pretendido «patio trasero»: en Caracas administra el calabozo como torniquete de chantaje, mientras que en La Paz dinamita la institucionalidad para impedir que las rejas alcancen a sus propios operadores encubiertos.
El terremoto institucional que sacude a Bolivia expone con nitidez la flexibilidad del manual. La embestida coordinada desde Washington contra el Fiscal General Roger Mariaca no responde a una cruzada anticorrupción de la DEA o del Departamento de Estado; constituye una clásica operación de contención de daños y extracción de un activo estratégico. Bastó que el Ministerio Público boliviano avanzara judicialmente sobre Fernando Cerimedo —operador central en el entorno de Rodrigo Paz— para que los engranajes de la hegemonía activaran el cerco.
«Cuando el imperio necesita quebrar a un Estado soberano, recurre a la tortura blanca del aislamiento; pero cuando la justicia soberana cerca a uno de sus peones, revienta las instituciones para demoler el proceso.»
Cerimedo no es un consultor independiente: es un nodo operativo de guerra cognitiva continental. Su trayectoria en la intoxicación algorítmica y la manipulación electoral —desde el sabotaje a la convención constitucional y las campañas de la ultraderecha en Chile hasta sus maniobras en el Cono Sur— deja al descubierto los canales clandestinos que articulan a la inteligencia estadounidense con los intereses del clan Trump Jr. y las directivas de Marco Rubio. Cuando el fiscal Mariaca tocó esa pieza, comprometió el sistema nervioso de la red. La réplica de Washington fue inmediata: revocación de visados, articulación con los aparatos locales para forzar la destitución de la Fiscalía y montaje de una cortina mediática destinada a blindar la impunidad de su agente.
El patrón dialéctico resulta inocultable para quien examine la correlación de fuerzas con rigor materialista: cuando el imperio necesita quebrar a un Estado soberano, reduce a sus dirigentes a la condición de rehenes sometidos a la tortura blanca del aislamiento; pero cuando la legalidad de un país soberano cerca a uno de sus peones, el aparato imperial fractura el orden institucional para anular el proceso. En la última década, América Latina acumula antecedentes de sobra en esta misma línea: baste recordar los 580 días de prisión impuestos a Lula da Silva para neutralizar y quebrar el empuje del histórico dirigente metalúrgico del cordón industrial de São Bernardo do Campo.
El adversario actúa con la frialdad metodológica de la guerra híbrida: carcelero implacable en el Norte, gendarme desestabilizador en el Sur. Comprender la continuidad doctrinaria de sus métodos —del cerrojo penitenciario sobre el dirigente capturado a la demolición de los operadores de justicia que entorpecen sus planes— es la premisa indispensable para que el campo popular abandone el consumo pasivo de la propaganda y aprenda a leer las tensiones reales del tablero.