Acertada, necesaria y correcta es la decisión adoptada por el Gobierno de Venezuela de suscribir un acuerdo energético con Estados Unidos, asunto que tendrá consecuencias en la dinámica petrolera mundial.

Para nuestro país, el Acuerdo en cuestión tiene como premisa el impacto altamente negativo de once años de sanciones y bloqueo comercial y diplomático, y al mismo tiempo, por una realidad ostensible: nuestra ventaja comparativa es contar con 356 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas, y eso es vital en un mundo en el que no se prevé una caída de la demanda de crudo en el corto plazo. Pero al petróleo hay que colocarlo en el mercado; mientras esté en el subsuelo no se puede vender.

“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”.

— Delcy Rodríguez

Esta posición de principio se pone de manifiesto porque quedó establecido que las empresas que inviertan en este megaproyecto deberán pagar 16% de regalías y 34% de impuestos. Es importante subrayar que el Estado venezolano puede cobrar regalías por ser el propietario de los yacimientos de petróleo, principio jurídico establecido en la Ley de Hidrocarburos de 1943 y ratificado por el Comandante Chávez en la Ley del 2002.

En este Acuerdo, Estados Unidos pone el financiamiento y la tecnología, mientras que Venezuela pone el petróleo y la altísima capacidad de nuestros trabajadores petroleros. Por esta vía, nuestro país obtendrá 19 dólares por cada barril (con base en un promedio de 65 dólares el barril en el mercado mundial), lo que multiplicará nuestros ingresos.