La idea bolivariana de la justicia.

El reciente anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló ante la plenaria de diputados los avances y alcances de las mesas de negociación que el Ejecutivo sostiene con diversos sectores de la oposición. Dentro del debate figura la reforma del Poder Judicial, «desde el Tribunal Supremo de Justicia […] hasta el juez de parroquia». Rodríguez complementaba la idea con la siguiente afirmación: «Los invito a que vayamos a fondo; nosotros no tenemos ningún pudor ni temor en ese sentido. En ir a fondo hacia una verdadera transformación del sistema de justicia. En que el proceso de selección de los aspirantes a magistrados y magistradas se lleve a cabo con estricto apego a la norma constitucional y legal». Y cerraba con la máxima idea bolivariana: que «la justicia sea más justa, para que no penalice la pobreza; para eliminar, minimizar o, en todo caso, castigar la mercantilización de la administración de justicia».

Como preámbulo a esta invitación, ocurrió una acción que nuevamente genera resquemor en las filas del pueblo patriota, hace unos días fueron retiradas las imágenes del Comandante Chávez y del Libertador Simón Bolívar de uno de los costados del Palacio de Justicia, frente a la avenida Bolívar de Caracas. La memoria conectó de inmediato con aquella escena de 2015 en la que Henry Ramos Allup expulsaba los retratos de estos dos insignes venezolanos del Palacio Federal Legislativo, cuando la oposición asumió el control del Parlamento. Aún resuena aquella expresión: «No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez o Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se la dan al aseo».

Este tipo de actos evidencia a qué le teme la oposición rancia, incluida la facción de la extinta Asamblea Nacional de 2015: el terror a la idea bolivariana y al proyecto popular del Comandante Chávez. Resulta comprensible en una élite que históricamente aborreció al Bolívar real, a la que han llamado, «Bolívar impostor». Para nosotros, en cambio, la doctrina bolivariana de la justicia debe ser el cimiento de una reforma orientada al pueblo. En este contexto asumo la convocatoria del diputado Jorge Rodríguez.

El estudio de la justicia en el pensamiento de Simón Bolívar no puede reducirse a una abstracción jurídica formalista ni a un catálogo descontextualizado de citas. La concepción del Libertador operó como una categoría viva, dialéctica y tridimensional: principio legitimador de la gesta anticolonial, piedra angular de la justicia social y mandato punitivo para salvaguardar la República frente al caos, la impunidad y la dominación foránea.

Gesta anticolonial y viraje hacia la igualdad material

Al inicio de la gesta independentista, Bolívar dotó a la causa patriota de una legitimidad moral trascendente. En sus proclamas de San Carlos (1813) y San Mateo (1814), invocó al «Ser Omnipotente» y al «Dios de los Ejércitos» para sostener que la victoria correspondía por necesidad histórica a quienes combatían por la justicia. No obstante, tal como advierte Vladimir Acosta en Simón Bolívar: Soberanía, independencia y justicia social, los ensayos de la Primera y Segunda República colapsaron por su carácter mantuano y oligárquico: una contienda de élites criollas que ignoró las demandas de las mayorías desposeídas, permitiendo que la reacción realista instrumentalizara el resentimiento de pardos y esclavizados. La «Legión Infernal» de José Tomás Boves no peleaba por devoción a la Corona española, sino como respuesta al rigor de la justicia mantuana.

El viraje doctrinario definitivo ocurrió con el paso del Libertador por el Haití de Alexandre Pétion en 1816. Allí comprendió que la independencia era inviable sin justicia social e igualdad material. De esa ruptura surgieron los decretos de Carúpano y Ocumare (1816), en los que proclamó que «la naturaleza, la justicia y la política piden la emancipación de los esclavos», fundando la noción de una sola clase universal de ciudadanos. Esta madurez ética —guiada por el mandato robinsoniano de formar el corazón republicano «para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso»— se consolidó en su discurso ante la Nueva Granada (1815), al consagrar a la justicia como «la reina de las virtudes republicanas», base de la igualdad y la libertad.

En un discurso pronunciado durante la apertura del año judicial 2005 en el Tribunal Supremo de Justicia, el entonces magistrado Carlos Oberto Vélez rescató la formulación bolivariana que articula la libertad a través del imperio de la ley. En el Congreso de Angostura (1819) y en sus cartas de 1820, Bolívar sentenció: «El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad» y «Hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad». La verdadera emancipación no reside en las abstracciones del liberalismo —ni en las corrientes autoritarias contemporáneas—, sino en la «libertad práctica»: el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado en nuestra Constitución, donde el débil no sucumba ante la arbitrariedad del poderoso.

Arquitectura institucional, soberanía y antiimperialismo

El diseño institucional bolivariano resolvió esta tensión mediante dos pilares fundamentales:

• El Poder Moral: propuesto en Angostura bajo la máxima ética de no hacer a otro lo que no se desea para sí, orientado a regenerar las costumbres y formar en virtudes cívicas republicanas.
• El límite a la soberanía: en su carta a Santander de 1822, Bolívar advirtió que el poder popular encuentra sus fronteras en la rectitud institucional, pues «la justicia es su base y la utilidad perfecta le pone término».

Asimismo, la justicia bolivariana implicó soberanía frente al injerencismo extranjero. En 1818, ante los reclamos del agente estadounidense John Baptiste Irvine por la incautación de las goletas Tigre y Libertad, Bolívar defendió la soberanía nacional con firmeza jurídica, desmontando la supuesta neutralidad comercial y ratificando que la dignidad de un pueblo libre no se negocia. Esta postura antiimperialista hallaría su advertencia más célebre en la carta a Patricio Campbell de 1829: «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad». Esta visión de soberanía económica se materializó en el Decreto de Minería de Quito (1829), al consagrar los yacimientos del suelo y el subsuelo como propiedad inalienable de la República.

Oberto Vélez subrayó que esta doctrina carece de ingenuidad, Bolívar identificó la debilidad procesal y la tolerancia viciosa como causas directas de la disolución del Estado. Desde el Manifiesto de Cartagena (1812) hasta su mensaje a la Convención de Ocaña (1828), denunció que la ruina republicana nace de la lenidad judicial y de una «clemencia criminal» que alimenta la impunidad. En misiva a Estanislao Vergara (1829) aseveró que «la clemencia con los criminales es un ataque a la virtud», y ante la Alta Corte de Justicia (1828) ratificó que «la justicia sola es la que conserva la República».

Este rigor interpela directamente al juez del siglo XXI, se exige un operador de justicia impermeable a la corrupción y a las presiones de poder, capaz de distinguir con rigor al inocente del culpable para no convertirse en el «magistrado infeliz» que Bolívar execró por arruinar a la patria.

Justicia distributiva y soberanía en el siglo XXI

La justicia en Bolívar trasciende el ámbito penal, es soberanía nacional frente a la injerencia imperialista, redistribución e igualdad material para las mayorías, e inflexibilidad frente a la impunidad. Asumir este legado exige traducir el ideal republicano en instituciones donde la soberanía popular, las garantías ciudadanas y el deber ético actúen de forma indisoluble.

El debate debe darse de cara al país, especialmente sobre el control de los recursos estratégicos y la justicia distributiva. A la luz del Decreto de Minería de 1829, cabe plantear la discusión de fondo: ¿cómo articular la propiedad estatal originaria del subsuelo con las demandas contemporáneas de soberanía y desarrollo productivo frente al capital internacional? Los recursos estratégicos no son bienes transables para la subordinación foránea; la propiedad del subsuelo se legitima únicamente cuando el Estado ejerce control operativo y fiscal soberano, transformando la renta extractiva en el sostén material de la igualdad y la justicia social de las grandes mayorías.