El quince de diciembre se elegirán los jueces y las juezas de paz en todos los circuitos comunales de la nación, un paso decisivo en la consolidación de la democracia participativa y protagónica, y una de las vertientes de los cinco consensos nacionales propuestos por el Presidente Maduro, precisamente, el que plantea la consolidación de la paz.
Con la elección de las juezas y los jueces de paz se abre un nuevo ciclo de democratización de la Justicia, lo que incidirá de manera efectiva en la solución de las controversias en la comunidad por la vía de la conciliación o el arbitraje, es decir, una nueva convivencia entre los ciudadanos, un instrumento de paz y de arreglo social, que profundizará nuestra democracia revolucionaria.
¿Llegará el día en que el Tribunal Supremo de Justicia se constituya producto de la elección directa, universal y secreta de los magistrados? ¿Y por qué no? En este momento político, está claro que avanzamos hacia una reforma constitucional, y que Venezuela responde a las agresiones imperiales y de la ultraderecha, con más democracia.
Unas seis decenas de diputados emprendieron desde hace dos años la revisión de los casos de presos que no han sido juzgados, una tarea compleja, pero que de manera callada y seria está en desarrollo, mientras que la Asamblea Nacional acometió la reforma parcial de un conjunto importante de leyes, entre otras, la del TSJ.
Tal y como lo expresó el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hay que ponerle fin a que sea el “billete” el que decida en los tribunales.
Nuestra Constitución, aprobada en referendo popular, cumplirá 25 años el quince de diciembre, y ella define a nuestro Estado como democrático y social, de derecho y de justicia.