«Mire, la política exterior estadounidense no es apolítica. La política exterior estadounidense es para… promover los intereses de Estados Unidos.»
Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, San Salvador (El Salvador). 3 de febrero de 2025.
«Hay 107.000 personas privadas de libertad y hay personas que tienen que morirse de algo.»
Andrés Guzmán, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador. 18 de marzo de 2025.
En el año 2022, el régimen de facto de Nayib Bukele decretó el «régimen de excepción» a través de una propuesta hecha al Congreso salvadoreño por parte del grupo político que lo acompaña, el Partido Nuevas Ideas. Su carácter era temporal y extraordinario, pero Bukele, alias «Buky», le dio un carácter permanente e indefinido al decreto (la Asamblea Legislativa de El salvador ha prolongado 24 veces el régimen de excepción establecido por el Decreto Legislativo N.º 333 de 27 de marzo de 2022), dotándolo de otras iniciativas que complementaban un sistema donde la democracia carece de oxígeno. Nos referimos a las iniciativas del Partido Nuevas Ideas, una denominada: «Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados Detenidos en el Marco del Régimen de Excepción decretado a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós», y la otra referida a «Reformas a la Ley contra el Crimen Organizado».
Así, como en su momento, alias «Buky», torció el valor al concepto de Estado de Derecho con el tema de la reelección. Con el régimen de excepción, la violación de los derechos humanos se volvió una norma, y el crimen contra el pueblo salvadoreño pasó a formar parte de la agenda del Palacio Nacional del gobierno de facto. La sistemática violación de los derechos humanos en El Salvador ha dado paso a la construcción de una Estrategia de Seguridad Nacional. Sobre esta doctrina de seguridad, se constituyó un Estado criminal que ve al ciudadano que piensa distinto al régimen de facto como el enemigo interno. Para ello, se ha construido toda una arquitectura jurídica que sustenta la represión y el crimen contra el pueblo salvadoreño: Código Penal, Código Procesal Penal, Ley contra el Crimen Organizado, Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley de Telecomunicaciones, Ley Penal Juvenil, Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, entre otras. Esta nueva «institucionalidad» en El Salvador llevó a que cuatro derechos constitucionales fueran violados: el límite de plazo de detención administrativa, el derecho a la defensa en las primeras diligencias, la libertad de asociación y reunión, y la inviolabilidad de la morada. La detención de personas sin orden judicial ni administrativa, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la tortura se convirtieron en la cotidianidad.
Solo durante el inicio del régimen de excepción, organizaciones de derechos humanos como «Cristosal» contabilizaron en un informe situacional del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023: 6.417 capturas, 144 personas desaparecidas, 1.082 menores de edad acusados de pertenecer a una pandilla (sin el ejercicio del derecho a la defensa de quienes eran acusados), 32 personas murieron bajo custodia (en los centros penitenciarios de Izalco y La Esperanza) para abonar a la suma de 216 muertes bajo custodia (cifras hasta enero del 2024), 39.000 personas acusadas de «agrupaciones ilícitas» y 8.000 por «terrorismo». Sin embargo, solo el 0.3% de los detenidos son acusados de homicidio y un 0.6% de los detenidos son acusados de agresión sexual. El 50% de las víctimas del régimen de excepción son jóvenes entre 19 y 30 años de edad. Otro informe, titulado, “EL SALVADOR: Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil con relación al Procedimiento del Seguimiento del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas”, da cuenta de del registro de violaciones de los derechos humanos desde la implementación del régimen de excepción en el 2022 hasta el 2024 de “5.775 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos” (el 95% de ellas se traducen como “detención arbitraria o ilegal”) y “327 desapariciones forzadas” (el 61% son jóvenes entre 18 y 35 años).
Pero no hay régimen de excepción sin la negociación con los líderes de las pandillas, especialmente la MS-13. Esta negociación ha llevado, entre otras cosas, a la liberación o el traslado de los líderes de estas pandillas a centros de reclusión donde ejercen poder: Élmer Canales Rivera, alias «Crook»; Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias «Diablito de Hollywood»; Raúl Antonio Turcios Ángel, alias «Trece de Teclas»; Quinteros Mineros, alias «Flaco de Francis»; Efraín Cortez, alias «Tigre de Park View»; y Eduardo Erazo Nolasco, alias «Colocho o Mustage de Western». El caso más reciente es el sobreseimiento por parte del fiscal estadounidense John Durham del líder histórico de la MS-13, César Antonio López Larios, alias «Greñas», deportado a El Salvador junto a 240 venezolanos (8 de estos, son mujeres) esta semana para ser trasladados a la prisión de máxima seguridad de Centro de Confinamiento del Terrorismo (SECOT), convertido en un gran centro de toorturas. Este hecho deja claro que la negociación con las pandillas no es un asunto exclusivo de alias «Buky», sino que, por el contrario, compete a quienes hoy ocupan temporalmente la Casa Blanca.
Mientras alias «Buky» y la administración de Trump negocian con la MS-13, encarcelan a su vez a líderes de derechos humanos como el salvadoreño Fidel Zavala, en una clara muestra de lo que ha sido el régimen de excepción desde 2022: una vía para criminalizar la protesta, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, para sostener al régimen de facto escondido bajo el eslogan de «El Salvador renace».
Lo ocurrido esta semana, la persecución contra el migrante, en este caso el venezolano, y su traslado a las cárceles del terror de alias «Buky» en El Salvador, al igual que el régimen de excepción que sustenta la Doctrina de Seguridad Nacional de dicho país, así como la Doctrina de Seguridad Nacional de la administración de Trump y, en especial, su política migratoria (de esta manera se entienden comentarios en la red social X como el de la ultraconservadora María Elvira Salazar: «¡Es una MIGRACIÓN CONVERTIDA en un ARMA y desató una crisis de seguridad nacional!»).
¿Cuáles son los acuerdos bajo los cuales aceptó alias «Buky» «recibir» a venezolanos para colocarlos en la situación en la que actualmente se encuentran? Es una pregunta a la cual la comunidad internacional debería abocarse a responder.
Mientras tanto, desde El Salvador, la solidaridad y la denuncia contra esta acción de la administración de Don Trump y de alias «Buky» se manifiesta en los sectores populares que permanecen en resistencia ante el régimen de facto:«Como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular alzamos nuestra voz para denunciar enérgicamente la violación flagrante de la soberanía nacional y los derechos humanos perpetrados a través del acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nayib Bukele. Este pacto implica la llegada forzada de 238 personas a nuestro territorio, lo que evidencia la complicidad de un gobierno que ha decidido subyugarse a los intereses imperialistas de los Estados Unidos (…). Expresamos nuestra solidaridad con las familias venezolanas de otros países cuyos seres queridos han sido arrestados de manera arbitraria, acusados de delitos que no han cometido, tal como se demuestra en procesos judiciales pendientes y en constantes denuncias realizadas por las familias de las víctimas que han sido acusadas falsamente de ser criminales solo por el hecho de ser migrantes».
El pueblo salvadoreño, ese que tiene el cielo por sombrero, tal como le cantó Alí, está en sintonía con lo expresado por el presidente Nicolás Maduro:
«Esto es una violación indignante y masiva de los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Desde Venezuela exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese en su persecución y en su violación de los derechos de los migrantes nobles y trabajadores».
Ante la violación sistemática a los migrantes venezolanos de sus derechos humanos, las familias de las víctimas, pueden contar el apoyo y solidaridad del Gobierno Bolivariano encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, que no solo ha alentado acciones para la protección de nuestros connacionales en el exterior a través de la contratación de los mejores bufetes de abogados en los Estados Unidos y El Salvador sino que además alienta la organización de los familiares de las victimas para la protección de sus derechos. La voz de cada familia, incluso fue escuchada por el propio compañero Presidente Maduro en Miraflores, una de estas madres de uno de los jóvenes secuestrados, Yetsy Arteaga declaró ante el mundo: “Venimos a denunciar la atrocidad que están cometiendo contra nuestros hijos ya que ninguno de ellos ha resultado con delito, todos ellos son inocentes”.
El secuestro de venezolanos y venezolanas en centros de detención en los Estados Unidos y en las cárceles del terror en El Salvador me retrotrae a la lucha del pueblo cubano en el caso del niño Elián González. Quedan para la posteridad de la historia aquellas palabras del Comandante Fidel: “Les pedimos a los estudiantes y jóvenes cubanos, que han recibido el inmenso honor de ocupar un puesto en la primera línea y que tan brillantemente han actuado desde el primer instante, que sean ejemplo para todo el pueblo de disciplina consciente y revolucionaria en esta decisiva y heroica lucha que la Revolución exige de cada ciudadano para salvar a Elián: un niño, un pionerito, un nieto, un hijo de toda Cuba, y salvar con él un símbolo de los miles de millones de niños que deben ser educados, alimentados, dotados de una vida saludable, salvados y dignificados en el mundo. El enemigo, aferrado a una estúpida, antipática y aborrecible injusticia, no podrá resistir nuestra moral, nuestra razón y nuestra incontenible fuerza en la lucha por esta justa demanda, y no le quedará otra alternativa que devolver cuanto antes a Elián”.
Hoy, nuestra fuerza es la moral de las miles de madres, hermanas e hijas como Yetsy Arteaga; es la fuerza moral de todo un pueblo que reclama ante el mundo el regreso a la patria de los hijos e hijas de Bolívar. Nos asiste la razón y el convencimiento que venceremos a la oscuridad que amenaza a la humanidad.