“Dado que matar personas es tan extremo —y hacerlo sin el debido proceso conlleva el riesgo de matar a las personas equivocadas por error—, la cuestión de qué normas se aplican no es simplemente una cuestión de decisión política. Tanto el derecho nacional como el internacional establecen normas que limitan cuándo los presidentes y los países pueden usar legítimamente la fuerza en tiempos de guerra.”
Charlie Savage. Articulista del The NEW York Times. 4 de septiembre de 2025.
El reciente ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Caribe no es una operación legítima contra el narcotráfico, sino un acto de agresión criminal y un peligroso escalamiento en la campaña de hostigamiento contra la República Bolivariana de Venezuela. La información, revelada por un alto funcionario del Pentágono a The Intercept, un medio estadounidense confirma lo que el gobierno de Nicolás Maduro ya había denunciado, una masacre ilegal que viola flagrantemente el derecho internacional y allana el camino para más operaciones unilaterales y violentas.
Según el funcionario del Departamento de Defensa, el ataque del pasado martes fue un «ataque criminal contra civiles». Esta declaración desde el corazón del establishment militar estadounidense es demoledora. Confirma que la administración Trump, lejos de actuar en defensa propia o en un marco legal, ejecutó un operativo letal contra personas que, incluso si fueran narcotraficantes, no son combatientes en un campo de guerra. Incluso, tomando en cuenta las últimas informaciones, la lancha en la que viajaban 11 hombres tendría como objetivo, llevar a Trinidad y Tobago, a un conjunto de venezolanos que tenían como propósito migrar. Entre el grupo de venezolanos asesinados se encontrarían habitantes de las localidades de San Juna de Unare, Cipara y Puerto Cabello. Trinidad y Tobago es un punto de transito activo para la migración irregular hacia los América del Norte y Europa.
La premeditación de este crimen queda al descubierto con el despido previo de los principales asesores legales (JAG) del Ejército y la Fuerza Aérea. Trump y su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, silenciaron deliberadamente las voces dentro de su propio sistema que podrían haber actuado como «cortafuegos» contra ilegalidades. Al hacerlo, no solo planificaron el ataque, sino que convirtieron a la cadena de mando en cómplices de un crimen de guerra.
La farsa de la Justificación, del «Narcoterrorismo» a la invención de enemigos, es la escena dispuesta por el carnicero Trump y sus cómplices para cometer este crimen. La justificación presentada por la Casa Blanca y el Secretario Hegseth es tan endeble como peligrosa. Su argumento de que un cargamento de drogas representa una «amenaza inminente» que justifica un ataque militar en aguas internacionales es, en palabras de expertos legales, «completamente poco seria» y «absurda».
Esta narrativa se construye sobre la criminalización previa de Venezuela. La designación del Tren de Aragua y, más recientemente, del Cártel de los Soles como «organizaciones terroristas» es un acto político, no jurídico. Como señala Brian Finucane, ex asesor del Departamento de Estado, estas designaciones no otorgan ninguna autoridad legal para el uso de la fuerza militar. Son una herramienta propagandística diseñada para crear un casus belli, un pretexto para la agresión, tal y como se ha hecho históricamente con otras naciones que se resisten a doblegarse a los dictados de Washington.
La acusación de que estos grupos «operan bajo el control de Nicolás Maduro» es una afirmación gratuita y no probada, parte de un guion repetido de acusaciones fabricadas para justificar intervenciones. El historial de EE.UU. en identificación de objetivos es notoriamente defectuoso, con incontables ejemplos de civiles asesinados y luego etiquetados como «terroristas», como documentó el propio The Intercept en Somalia o el documentado en Perú, donde informes de inteligencia gringa apuntaron a una aeronave que supuestamente transportaba droga, creando la justificación para su derribo pero que solo se determinó que su carga eran un grupo de misioneros estadounidenses.
La respuesta de Venezuela, a través del compañero ministro Diosdado Cabello, fue precisa y contundente, se trata de una «masacre ilegal en aguas internacionales» que viola el derecho internacional. Venezuela tiene toda la razón y el derecho de denunciar este acto ante los foros internacionales pertinentes. Incluso, nos adelantaríamos a señalar a la luz de la verdad que va aflorando sobre este crimen que las familias de las víctimas de esta masacre deberían ser apoyadas para interponer en tribunales del Estado de La Florida, en los Estados Unidos, un juicio contra el carnicero Trump por este delito de guerra. Entendiendo que en dicho Estado está la sede del Comando del Sur, en donde se ha coordinado el crimen.
Miembros del Congreso de EE.UU. y expertos jurídicos independientes coinciden con esta postura. La congresista Ilhan Omar declaró: “El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela… No existe justificación legal concebible para este uso de la fuerza”. El ataque es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en defensa propia legítima o con autorización del Consejo de Seguridad, ninguno de los cuales aplica aquí.
El ataque en el Caribe no es un hecho aislado. Es la continuación de una estrategia destinada a derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, que incluye cientos de acciones unilaterales criminales como el bloqueo económico, los intentos de golpe de estado y magnicidios, así como una guerra mediática y cognitiva constante. El objetivo es aniquilar a la Revolución Bolivariana y con ello toda idea Bolivariana y Chavista.
Frente a esta agresión, la defensa de Venezuela es por la soberanía de los pueblos y el derecho internacional. La comunidad internacional está alzando su voz para condenar este acto unilateral y violento. La denuncia contra Estados Unidos es una labor de todos los países de Nuestramérica. Por la paz y la estabilidad de la región esta agresión no puede quedar impune. La CELAC ha dado en un primer paso al condenar y rechazar la intervención militar de los Estados Unidos en el Caribe.
Nuestro pueblo ha respondido al llamado de la patria y con la historia libertadora y el presente chavista en su decisión, asume su condición de pueblo en armas, en la defensa de la soberanía y el derecho que tenemos de decidir nuestros destinos.
Como dijo el presidente Maduro somos un pueblo que quiere la paz, pero somos un pueblo guerrero, un pueblo Bolivariano y Chavista: “Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos”.
¡TRUMP ES UN CRIMINAL DE GUERRA Y COMO TAL DEBE SER JUZGADO!
¡Justicia para los compatriotas asesinados en las aguas del Caribe por los soldados de TRUMP!