“Usar al ejército estadounidense para cambiar el régimen en Venezuela tiene solo desventajas y ninguna ventaja, contradiciendo todo lo que los partidarios de Trump votaron bajo el lema de «Estados Unidos Primero». No mejorará el problema de las drogas en el país ni aumentará la seguridad de los estadounidenses; al contrario, (…) socavará la seguridad estadounidense en nuestro propio territorio.”
Christopher McCallion. Miembro de Defense Priorities. Artículo, “Invadir Venezuela sería traicionar el lema “Estados Unidos Primero”. 19 de noviembre de 2025.
Está fresquito en el seno militar de los Estados Unidos el discurso de Trump en Quántico junto a su Secretario de Guerra, Pete Hegseth, donde redefinieron la misión prioritaria de las fuerzas armadas estadounidenses, con la mirada puesta en la “guerra interna”. En alguna oportunidad citamos las declaraciones de quien fuese el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos el General Mark A. Milley, quien se refirió a Trump en un acto en West Point y no en algún bar a lo largo del río Hudson, recordemos: “No juramos a una tribu. No juramos a una religión. No juramos a un rey, ni a una reina, ni a un tirano, ni a un dictador. Y no juramos a un aspirante a dictador. Hacemos un juramento a la Constitución y a la idea de Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerla. Cada soldado, marinero, aviador, infante de marina, guardián y guardacostas, cada uno de nosotros dedica su vida a proteger y defender ese documento, sin importar el precio personal”.
No perdamos el tiempo en discutir si los gringos actuaran sobre Venezuela con todo su poderío militar, entendemos que la entrada en nuestro inmenso Caribe del USS Gerald R. Ford tiene a más de un pitiyanqui frotándose las manos y con cierto frenesí tras un teclado pidiendo la intervención militar ya. La cuestión no es si esto va ocurrir, entendiendo que gringo alquilado en el Salón Oval de la Casa Blanca que se respete, desea aniquilar todo resto de la Revolución Bolivariana. Pareciera que solo es cuestión de tiempo pero están todas las condiciones dadas en los Estados Unidos como para iniciar una aventura militar sobre Venezuela y la enorme repercusión que esto tendrá sobre nuestra Patria Grande. Un reciente artículo de David French, publicado recientemente en el New York Times, que no se caracteriza por ser un medio chavista, expone algunos elementos que nos permiten precisar que una intervención militar, como la desea Marco Rubio, no es una cuestión sencilla. Y más cuando la sociedad estadounidense está dividida sobre el tema.
Una reciente encuesta en los Estados Unidos, hecha por CBS News y publicada el pasado domingo, señala que el 76% de la sociedad estadounidense considera que la administración de Trump no ha explicado suficientemente bien las acciones contra Venezuela. 48% considera una a Venezuela una amenaza menor y un 39% no consideran a Venezuela como una amenaza importante para Estados Unidos. Y finalmente, tres de cada cuatro estadounidenses también dicen que Trump necesitaría la aprobación del Congreso antes de tomar medidas militares en Venezuela. Finalmente, la necesidad de aprobación congresional para una acción militar en Venezuela es una opinión mayoritaria en EE.UU., que logra unir a tres cuartas partes de la población. Destaca que esta postura es compartida por poco más de la mitad de los republicanos, mostrando un desacuerdo interno con una posible postura presidencial unilateral.
El artículo de David French, “Trump ha puesto a los militares en una situación imposible”, expone una problemática profunda y estructural dentro de las fuerzas armadas estadounidenses, una tensión manifiesta entre la obediencia militar y la responsabilidad legal y moral ante órdenes potencialmente ilegales. Esta situación no es meramente hipotética refleja una crisis de liderazgo, ética y gobernanza que afecta al corazón del ejército más poderoso del mundo. De aquí, uno empieza entender que conclaves como el de Quántico han provocado un sismo en el ejército gringo. ¿Se imaginan al Jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, almirante de cuatro estrellas y aviador naval de la Armada de los Estados Unidos, siguiendo ciegamente las ordenes del payaso-facho de Pete Hegseth? Parece que en el análisis se pasa agachado la renuncia anticipada del Jefe del Comando Sur en medio del poderoso despliegue militar de fuerzas estadounidenses en el Caribe. Pongámoslo más claro, el Capitán Michael Skarosi quien comanda el portaaviones nuclear, el USS Gerald Ford, buque insignia de los gringos, se ha quedado sin estratega directo. Pongámoslo de otra manera, el Comando Sur (USSOUTHCOM), con todo y sigla, quedo huérfano de estratega en medio del mayor despliegue militar de los gringos en el Caribe porque su principal comandante tuvo un arranque de conciencia y dudas sobre el mando que le ordeno volar unas lanchas en el Caribe y el Pacifico.
Tal vez el reciente viaje programado por el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el General Dan Caine, uno de los principales arquitectos de lo que el Pentágono llama Operación Lanza del Sur, a Puerto Rico y a algunos de los buques que circulan en el Caribe, tengan que ver con el tsunami que generó el anuncio de Alvin Holsey y no con el pretexto de compartir con las tropas gringas día de Acción de Gracias.
French describe escenarios en los que soldados y pilotos se enfrentan a decisiones críticas bajo presión, donde la línea entre una orden legal y una manifiestamente ilegal se desdibuja por la ambigüedad de las cadenas de mando y la politización de las operaciones militares. Imaginemos por un instante que esto fue lo que le cruzó por la cabeza al Jefe del Comando Sur. Sin embargo, lo que subyace en su relato es una crítica implícita a un sistema que, bajo administraciones como la de Trump, ha instrumentalizado a los militares para fines que contradicen el Derecho Internacional y los principios castrenses. Y que ahora los arrastra contra sus propios connacionales, en la “guerra interna” de Trump.
Uno de los problemas centrales que se evidencian es la desvinculación entre el liderazgo político – sí tal cosa existe- y la realidad operativa. Cuando el presidente o sus asesores emiten órdenes sin una autorización clara del Congreso —como en el caso de los ataques a lanchas con presuntos narcotraficantes en aguas venezolanas o colombianas—, colocan a los soldados en una posición insostenible: deben ejecutar misiones que aunque avaladas por memorandos legales internos, con la firma y sello del Rey, carecen de legitimidad ante las instituciones paridas desde la Constitución gringa. Esto no solo viola el principio de distinción en el Derecho de la Guerra, sino que erosiona la confianza de los militares en sus superiores.
Además, el artículo revela una fractura en la cadena de mando y la asesoría legal. Ejemplos como la renuncia del almirante Alvin Holsey, de la que ya hemos hecho mención o la reciente desaprobación del abogado militar del Comando Sur, indican que incluso los altos mandos perciben el riesgo de operaciones impulsadas más por intereses políticos que por estrategias de seguridad nacional. Cuando los asesores legales son “anulados” por funcionarios de mayor rango, se debilita el sistema de contrapesos diseñado precisamente para evitar abusos y violaciones al Derecho Internacional. Claro está que nada ha detenido a los gringos para cometer los crímenes más atroces contra la humanidad, como aquellas bombas nucleares sobre un pueblo japonés ya rendido al término de la Segunda Guerra Mundial.
Esta situación genera lo que French llama una “angustia moral y legal” entre los militares en activo. Soldados formados para cumplir órdenes y confiar en sus superiores, se ven obligados a cuestionar la legalidad de sus acciones sin contar con la información completa, la formación jurídica necesaria o bajo narrativas sacadas de un sombrero de magia. Se les exige que distingan entre una orden “manifiestamente ilegal” —como ejecutar a un prisionero— y una legal pero moralmente cuestionable —como bombardear un objetivo con posibles civiles—, pero en la práctica, esta distinción suele depender de interpretaciones subjetivas y presiones jerárquicas. Por lo que hace presumir que la situación en el Caribe no es una cuestión tan solo de jalar del gatillo.
Otro aspecto crítico es el uso instrumental de las fuerzas armadas para consolidar una agenda política. Las declaraciones de Trump tras el video de los legisladores demócratas —acusándolos de “sedición” y amenazándolos— reflejan un intento por silenciar cualquier disidencia dentro o fuera del ejército. Recientemente, el Pentágono, dirigido por el payaso-facho, señaló que estaba investigando a uno de los senadores demócratas, al senador por Arizona, Mark Kelly, un oficial de la Marina retirado, que expresó: “He dado demasiado a este país como para que me silencien matones que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”. Esto politiza aún más a la institución militar que en teoría debe mantenerse apolítica y subordinada al poder civil legítimo.
Finalmente, el memorando legal clasificado del Departamento de Justicia —utilizado como “escudo” para justificar operaciones de dudosa legalidad— ilustra cómo el poder ejecutivo puede manipular el marco jurídico para eludir responsabilidades. Pero, como advierte French, ningún memorando puede derogar las leyes de conflictos armados ni eximir a los soldados de su deber de desobedecer órdenes ilegales.
La postura de Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump ha expuesto una crisis de valores y gobernanza dentro de sus fuerzas armadas. Lejos de ser un ejército cohesionado y guiado por principios claros, lo que se revela es una institución fracturada, donde los soldados deben navegar entre la lealtad, la legalidad y su propia conciencia, mientras sus líderes políticos eluden el escrutinio democrático y las normas internacionales. Esta no es solo una crisis militar, es una crisis de la sociedad estadounidense y su modelo político. Y tal vez, Trump esté propiciando esta crisis para terminar de acabar con su “enemigo interno”, el Estado Federal.
En contraste, mientras el ejército de los Estados Unidos se desgarra en una crisis de conciencia y legalidad por órdenes políticas ilegítimas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se erige como pueblo en armas. No como un ejército de ocupación ni de mercenarios; sino como un poder cívico-militar forjado en la moral bolivariana y la lealtad a la Patria. Como un muro de unidad inquebrantable. Aquí no hay fracturas, sino un solo bloque revolucionario, disciplinado y heroico, preparado para defender con honor lo que es del pueblo venezolano, su tierra, su paz y su soberanía.
La FANB no es un cuerpo ajeno al pueblo, es el pueblo en armas, garantía de independencia. Como lo ha reafirmado el Comandante en Jefe, compañero Presidente Maduro, llevamos el uniforme con dignidad y conciencia patriótica, no por intereses extranjeros, sino por la defensa irrenunciable de la Patria de Bolívar.