Por Dario Di Zacomo (Buenos Aires, Argentina)
Esta semana tenía la intención de escribir sobre el Che Guevara. Quería aventurar en los asuntos vinculados con la figura del guerrillero heroico en el imaginario de nuestros pueblos, para lo cual escogí unas líneas de una canción de Fran Delgado que dice:
“Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo,/ pintado en los pullóveres de los muchachos/ o vigilante desde la pared./ Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo /o como la casera estampita de un santo, /para que me proteja y me hale las orejas /si algún día malo me olvido del Che”.
Pero los acontecimientos presentados en las Naciones Unidas donde la cancillería Argentina votó una resolución contra Venezuela, han motivado el cambio de lo planteado para esta oportunidad.
La política internacional es compleja, de eso no cabe duda, pero lo que no creo que sea es imparcial, y la cancillería argentina al manifestar su enfilamiento con el grupo de Lima y votar la mencionada resolución está dejando claramente marcada su opinión.
El pasado 6 de octubre la Argentina votó a favor de la resolución L.43, la cual fue promovida por el grupo de Lima y Estados Unidos. Esta resolución, en un lenguaje análogo al de la oposición al pueblo venezolano, concentra una condena al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, basado en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y el informe de “la misión internacional independiente de determinación de los hechos” (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. A/HRC/45/L.43/Rev.1. 17 septiembre 2020).
Sobre los informes de la señora Bachelet es importante destacar algunos aspectos: en ellos la comisionada sostiene haberse reunido con un número de veintiún representantes del Estado Venezolano, incluido el Presidente Nicolás Maduro, mientras que con la contraparte opositora aproximadamente con mil personas, la mayoría de ellas de forma anónima, argumentando proteger a las fuentes para evitar represalias, eso incluye a 558 personas que no se encontraban en Venezuela e incluso fueron entrevistados por vía remota, como correos electrónicos y llamadas telefónicas, esto antes de la pandemia; si la mayoría de los denunciantes estaban fuera del país, llama la atención el anonimato entre los entrevistados, ya que en todo caso estaban fuera del alcance de los cuerpos represivos del gobierno y es bien sabido que sólo los cuerpos policiales norteamericanos e israelitas operan fuera de sus fronteras. Los informes Bachelet están basados básicamente en una larga serie de informantes anónimos, lo cual llama la atención como procedimiento, pues no se entrevista con sindicatos, agrupaciones de DDHH, colectivos u cualquier tipo de organización de tendencia bolivariana, de izquierda o revolucionaria.
El otro sustento, y al parecer más destacado, porque la resolución incluye la prórroga por dos años para esta misión, es el informe realizado por la misión integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, que emite su resultado afirmando “el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, las cuales estarían directamente vinculadas al presidente Nicolás Maduro y a algunos ministros, señalándolos como posibles artífices de crímenes de lesa humanidad; pero curiosamente la misión no visitó Venezuela. La investigación fue realizada a distancia (a más distancia que la de Bachelet) y por vía web; además no cuenta con el descargo de los actores que son señalados como responsables de los hechos, ni organizaciones o grupos que no sean de oposición al chavismo, ni refiere al informe de Alfredo de Zayas, experto independiente también de la Comisión de derechos humanos, que emitió un informe, por instrucciones de ésta, para más de la mitad del mismo periodo tratado en el informe de Valiñas-Cox-Seils, pero que no registra los mismos crímenes que aquéllos sí señalan ahí. Seguramente, el informe de Zayas no es muy confiable porque sí visitó Venezuela y entrevistó proporcionalmente a los actores en tensión.
Estos elementos podrían, al menos, generar alguna duda de lo expresado en los informes o parte de ellos, a lo cual habría que sumar el hecho que la redacción de la resolución estuvo a cargo del grupo de Lima, países que han marcado una abierta oposición al pueblo Venezolano y su gobierno, que han promovido acciones injerencistas, e incluso, como el caso del gobierno Colombiano, prestan su territorio para la organización de grupos armados que impulsan acciones que violentan la soberbia nacional venezolana.
Como dije antes la política internacional es compleja, pero difícilmente ingenua; no es peliagudo deducir que resoluciones como ésta abonan al conglomerado de argumentos que sustentan las acciones de bloqueo que adelanta el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos contra el pueblo venezolano, impidiendo la movilidad de los dineros de la república para la adquisición de alimentos, medicinas, maquinaria, etc. Descaradamente el texto alerta sobre la expansión del Covid-19, pero no dice nada sobre la imposibilidad que el bloqueo le causa al Estado Venezolano para adquirir medicamentos, insumos y equipos de protección y tratamientos contra el virus; además, suena extraño cuando Venezuela es uno de los países de la región con menor cantidad de casos y muertes por covid-19, menos que Argentina, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay, ni decir de Estados Unidos y los países europeos.
Menos aún, refiere la resolución a la confiscación de activos y bienes del Estado venezolano en el extranjero por parte de los Estados Unidos, sus aliados europeos y gobiernos franquicias, como los conocidos casos de Citgo y el oro depositado en bancos ingleses, de ello se apoderaron de forma fraudulenta con la anuencia y regocijo de opositores venezolanos y una deplorable lista de gobiernos suramericanos; si yo, que no soy más que un historiador mundano puedo ver tal encadenamiento de argucias, dudo mucho que los analistas de la cancillería argentina no se den cuenta de ello; lo que me lleva a pensar que claramente estamos frente a un cambio esencial de la dirección esperada u ofrecida por el gobierno de Fernández en torno a la política internacional, y me refiero a la postura expresada de no intervención en los asuntos internos de Venezuela y que la/os venezolana/os debían solucionar pacífica y democráticamente sus problemas; porque estoy muy claro que los tiempos de la integración regional desarrollada por los gigantes Néstor, Chávez y Lula, no están cerca de volver.
En esa misma reunión se aprobó la resolución L.55 que exhorta al gobierno venezolano a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, reforzar su capacidad de acción al respecto y aplicar las recomendaciones hechas por la señora Bachelet en sus informes; entonces, ¿cuál es el sentido de la otra resolución?, parece que no es otro que sentar la jurisprudencia necesaria de donde apoyarse para continuar apretando el bloqueo y cualquier otra acción imperialista; por supuesto que la resolución no dice eso, ya desde hace rato, desde los tiempos de la primera guerra del golfo para justificar intervenciones e invasiones, los Estados Unidos con sus aliados OTAN se valen de resoluciones de violación de los derechos humanos que hacen los organismos internacionales, no dicen que van a intervenir, de hecho siempre dicen lo contrario, pero luego sobre esa jurisprudencia se basan las acciones injerencistas. No es difícil tampoco saber eso, solo hay que googlear un rato, conseguir las resoluciones y luego compararlas con lo que pasó y cómo fueron usadas.
Otro asunto interesante de la resolución L.43 de Estados Unidos y sus aliados, es que cuestiona la legitimidad de los procesos electorales venezolanos sin fundamentarse en ningún estudio o documento alguno, pero ya eso es un asunto bien trillado, “las elecciones en Venezuela son cuestionables sólo cuando gana el chavismo, cuando gana la oposición no”, pues no se entiende cómo tendrían legitimidad los gobernadores, alcaldes y diputados (incluyendo a Guaidó) de la oposición, si fueron electos con el mismo sistema y en los mismos días que los otros, es bastante curioso eso y siempre me ha llamado la atención como no se someten a una simple revisión silogística las premisa contra las elecciones en Venezuela.
Todos tenemos el terrible recuerdo de un informe de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) Navy Pali, acusando a Muhammar Khadafi de violar los derechos humanos, y como éste sirvió de sustento y soporte (con otra serie más) a la OTAN para justificar la invasión a Libia en 2011, imbuyendo a ese país en una guerra civil que aún hoy persiste. Así que poco podemos creer la neutralidad de las resoluciones ONU para estos casos, y menos sobre imposturas de defensa de los derechos humanos que no cuestionan y problematizan las innumerables violaciones que se realizan lamentablemente en nuestro continente. El caso de Colombia, cuyo gobierno fue objeto de un informe desfavorable sobre los derechos humanos recientemente, uno más de la larga lista que posee, no es problematizado por la cancillería argentina, ni objeto de apoyo a ninguna resolución en ONU u OEA o grupo de Lima, donde parece sentirse muy cómodo el canciller Felipe Solá, o las recientes violaciones de los derechos humanos en Chile y Bolivia, o peor aún en Paraguay donde resultaron muertas en un falso enfrentamiento dos niñas de nacionalidad Argentina que visitaban a sus familiares. No se trata de callar porque otros también estén mal, se trata de problematizar los asuntos, no de suponer un actuar aséptico y pulcro cuando estamos rodeados de abusos y violaciones por parte del imperialismo y sus gobiernos franquicias.
Así como dice Fran Delgado que lleva la estampita del Che en su cartera para no extraviarse, creo que es momento que algunos en la cancillería argentina y en la residencia presidencial de Olivos le den un vistazo a sus estampitas de Néstor (que espero lleven) a ver si les sale que les halen las orejas.
“Hasta la victoria siempre, venceremos”
