En un acto que solo podría ser calificado como una infamia, el Parlamento Europeo ratificó su decisión de aplicar sanciones económicas a Venezuela, y abogó en defensa de personas que están inhabilitadas para presentarse como candidatos a cualquier cargo de elección popular, precisamente, por haber obrado de manera pública y notoria contra la democracia, y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.