Hace unas semanas, el historiados y bolivariano, José Gregorio Linares nos remitía un artículo, en esas confusiones que resultan agradables, el trabajo escrito del Profesor Linares estaba dirigido a formar parte de la próxima edición especial de la Revista Pueblo En Armas, en la cual su equipo editorial está actualmente trabajando.
La pertinencia de este trabajo escrito del Profesor Linares nos llevó a solicitarle permiso para su publicación y que mejor hacerlo que en Descifrando en Rojo y Negro. La cotidianidad de la calle está marcada por una especie de guayabo producto de la traición de quienes izan la bandera revolucionaria para esconder el pillaje y el saqueo de la cosa pública, camuflajeado entre consignas y trapos rojos. Esconden los vicios del capitalismo bajo la reivindicación del socialismo. “Allá va el ladrón !Atrápenlo! !Atrápenlo!”, grita el bandido para alejar cualquier sospecha sobre él. Pero ante este escenario que nos pierde de vista lo más importante, hacer frente a la crisis económica, el Profesor Linares atina al afirmar con quien debemos jugárnosla en esta batalla por la independencia nacional: “Con el impulso del pueblo ganaremos esta batalla o perderemos todo lo que hemos ganado a costa de tantos sacrificios”.
Apliquemos los Juicios de Residencia… o lo perderemos todo
Por José Gregorio Linares
El juicio de residencia fue un procedimiento judicial creado por la Corona Española para evaluar la eficiencia de sus funcionarios y castigar la corrupción en América Hispana. Era un acto de contraloría que consistía en revisar la actuación del empleado una vez concluidas sus funciones. Se hacía de este modo para que cuando se ejecutara el juicio el funcionario no tuviera ya poder alguno y no pudiera influir en los resultados. En el proceso se evaluaba el cumplimiento de las tareas asignadas, las arbitrariedades cometidas y la idoneidad ética del imputado. Para ello se reunía toda la información posible a través de diferentes testigos. Primero se convocaba por medio de carteles a los que quisieran formular sus denuncias; después se iniciaba una averiguación secreta para ir armando el expediente, luego se abría un juicio público. Allí cualquier persona, sin temor a represalias, podía presentar sus acusaciones debidamente sustentadas ante los jueces encargados. A continuación, el funcionario hacía su defensa y presentaba sus testigos de descargos. Finalmente, el juez dictaba sentencia: absolvía o condenaba, casi siempre con base en rigurosos criterios. El propósito de estos juicios fue poner freno a la corrupción y combatir las irregularidades mediante la imposición de castigos proporcionales a las faltas cometidas.
Ningún funcionario estaba exento de someterse a este escrutinio. Pero la atención de los juicios de residencia se centraba en los empleados de alto rango: alcaldes, magistrados, capitanes generales, gobernadores y virreyes. Los gastos y costas del litigio, en la generalidad de los casos, debían ser sufragados por los mismos enjuiciados. Durante el desarrollo del proceso, el indiciado no podía salir de la localidad donde había ejercido la autoridad. El juez disponía de todas las competencias para administrar justicia y castigar los delitos. Las penas iban desde la simple multa hasta el encarcelamiento, la confiscación de bienes y la prohibición de ocupar otro cargo. Los imputados solo tenían derecho de apelación ante el Consejo de Indias o el Rey.
Durante la infancia de Simón Bolívar hubo un sonado juicio de residencia contra el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, Manuel González Torres de Navarra y “todos aquellos ministros que lo acompañaron” en su gestión (1782 – 1786). Dicho proceso se inició en 1787 y estuvo a cargo del Juez General Francisco Saavedra. Tras una dura batalla judicial el inculpado resultó absuelto. Pudo demostrar su idoneidad y solvencia moral. Sin ello no hubiese sido promovido a un nuevo cargo, el de gobernador de Santo Domingo, porque para ser ascendido debía exhibir una limpia hoja de servicios.
No corrieron la misma suerte otros empleados públicos de alto rango. Hubo casos en que importantes figuras de la administración pública fueron a parar a la cárcel y luego vivieron en la miseria, rechazados por la sociedad y olvidados de todos como castigo por sus malas acciones; como fue el caso de Diego Gil de la Sierpe quien fue Gobernador de la Provincia de Venezuela en 1623, y de Francisco Cañas de Merino quien también fue Gobernador entre 1711 y 1714.
Con la instauración de la República, los juicios de residencia fueron derogados. La nueva élite en el poder – a excepción de hombres como Bolívar, Roscio y Sucre- no quiso conservar los procedimientos contralores coloniales, pues no quería ser juzgada por los abusos y delitos cometidos. A partir de ese momento se fomenta el maridaje entre el funcionariado y la oligarquía a costa del erario y del bienestar del pueblo. Desde el poder se ayuda a los oligarcas a incrementar su riqueza. A su vez, las oligarquías ayudan a encumbrar a sus socios políticos hacia posiciones de más poder y más oportunidades de enriquecimiento. De este modo se fue consolidando una nueva cofradía del Poder que se refuerza mutuamente: la burocracia estatal facilita los negocios fraudulentos de la oligarquía parasitaria, al punto de que ésta sin mayor esfuerzo controla los resortes de la economía y aumenta su caja de caudales; mientras el funcionariado corrompido se mueve con más facilidad en la maquinaria estatal pues dispone de más poder político y más recursos. Al final son una misma caterva donde lo empresarial se confunde con lo hamponil, y lo político con lo delincuencial.
Se crea así una cultura del vicio y la inmoralidad que se recicla a partir de su propio detritus. Se nutre de mutuos beneficios y recíprocos favores. Fomenta toda una red de compadrazgos basada en la complicidad y la riqueza mal habida. Se acomoda a cualquier régimen, independientemente de su orientación política. Esta cofradía híbrida y su perversa cultura deben ser firmemente combatidas por las fuerzas morales y patrióticas populares, que son las que impulsarán las transformaciones profundas de la sociedad venezolana.
Vivimos un momento extraordinario para dar esta la lucha. El Presidente de la República nos está dando un ejemplo extraordinario, con muy pocos precedentes en la historia republicana: Bolívar, Sucre, Juan Germán Roscio, Urdaneta, Isaías Medina, entre otros. Con el impulso del pueblo ganaremos esta batalla o perderemos todo lo que hemos ganado a costa de tantos sacrificios, porque el pueblo es quien sufre las consecuencias de la simbiosis entre el funcionariado pútrido y la oligarquía delincuencial: el que finalmente se desencanta de los proyectos políticos que no están a la altura de sus expectativas o el que decide seguir luchando por una Causa justa. ¡Aprendamos de los juicios de residencia! ¡Apliquemos creativamente sus enseñanzas!