«Congreso del PSUV arranca el 11 de septiembre para debatir temas en esta nueva etapa que nos obliga a tomar previsiones, prepararnos, tener las vacunas y anticuerpos listos para esta batalla… uno de los temas principales es la transición al Pueblo en armas».
Diosdado Cabello. Primer Vicepresidente del PSUV y Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 08 de septiembre de 2025.
«No me importa una mierda si llamas crimen de guerra al asesinato de civiles».
JD Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos. 06 de septiembre de 2025.
La semana pasada, una embarcación que salió de las costas del oriente venezolano rumbo a Trinidad y Tobago, y que transportaba a 11 personas, fue atacada con drones (según las últimas informaciones debatidas en el seno de Comisión de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos), asesinando a sus ocupantes y reduciendo la embarcación a pedazos. Todo bajo la excusa del combate a las drogas, sustentada en la narrativa del Tren de Aragua bajo la tutela del NarcoEstado. En nuestro artículo de la semana pasada, bajo el nombre Un Crimen de Guerra con Premeditación ¡Juicio al Carnicero Trump!, expusimos algunas consideraciones al respecto.
Hoy seguimos sosteniendo que no fue una simple interceptación de una lancha. No fue una operación con la autoridad legal de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Fue un ataque, ordenado desde Washington, ejecutado en aguas internacionales, y justificado con poco más que un «confíen en nosotros». El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la cadena Fox que los funcionarios «sabían exactamente quién estaba en esa embarcación» y «exactamente qué estaban haciendo». No presentaron ninguna prueba en el momento, y tampoco lo harán. Fue un asesinato que contraviene la letra y el espíritu de las propias leyes estadounidenses y el derecho Internacional Humanitario.
Jon Duffy, un articulista de un portal gringo dedicado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, «Defense One», lo deja claro: «El ataque de esta semana destrozó ese marco. A los pasajeros a bordo no se les dio la oportunidad de rendirse. No se presentaron pruebas. No se citaron las reglas de combate. La administración se atribuyó la autoridad de matar solo por sospecha».
Duffy sostiene que las leyes gringas ha sido reescrita «en tiempo real» bajo el amparo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: «un presidente puede matar, y no hay recurso. Eso no es fuerza. Eso es autoritarismo». Y con ello, lo que queda del Derecho Internacional.
El capitán Jon Duffy, un oficial naval retirado con 30 años de carrera que incluyeron el mando de dos buques de guerra y un escuadrón de destructores, así como cargos políticos en el Pentágono, el Capitolio y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, plantea la siguiente interrogante:
«¿Qué significa esto para el principio de control civil, cuando quienes lo ejercen no enfrentan consecuencias por abuso? ¿Qué significa para nuestras fuerzas armadas, cuando se les ordena llevar a cabo misiones que violan los estándares que han jurado defender?»
Al colocar a los traficantes como objetivos militares legítimos, la administración de Trump ha sumergido a los Estados Unidos en otra guerra que no conoce límites. Dejando más interrogantes que respuestas. «¿Quién es el enemigo? «Los cárteles»», es una idea que sumerge al pueblo estadounidense, ese mismo que sustenta a los Marines y al Ejército, «en una campaña interminable que no se puede «ganar»». «¿Dónde está el campo de batalla? ¿El Caribe? ¿Venezuela? ¿Centroamérica?«. Han transformado hasta la misma geografía, la han convertido en un elemento maleable: «no hay límite para dónde podría caer el próximo ataque». «¿Y cuál es el objetivo?«, ««Destruirlos y eliminarlos»», en palabras del secretario de Estado Marco Rubio, comenta el capitán Duffy, algo parecido al guapetón de barrio.
Pero Duffy pone el dedo en la llaga: «El ataque en el Caribe no es la acción de una nación fuerte. Es una advertencia. Se trata de si el ejército estadounidense sigue siendo una institución de derecho y principios, o si se convierte en un arma obediente en manos de un presidente sin ley«.
Y es que en el corazón de la civilización yace un principio fundamental: la violencia, especialmente entre Estados, la cual no puede ser arbitraria. Debe estar contenida por el marco de la ley. Durante siglos, la humanidad ha luchado por dominar el instinto beligerante a través de dos conceptos jurídicos cruciales: el jus ad bellum, que determina cuándo es legal ir a la guerra, y el jus in bellum, que dicta cómo debe conducirse una guerra. Estos pilares no son meras abstracciones académicas; son la barrera que separa el conflicto del asesinato, la defensa de la tiranía, la humanidad de la barbarie.
La Carta de las Naciones Unidas es clara: los Estados deben abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros. Solo se permiten dos excepciones, la legítima defensa ante un ataque inminente o una acción autorizada por el Consejo de Seguridad. Sobre esto, el reparto del mundo el consenso global, el pacto que pretende evitar el regreso a la ley de la jungla.
Estados Unidos, además, se dotó a sí mismo de medidas internas. Su Constitución le otorga al Congreso, representante directo del pueblo, el poder exclusivo de declarar la guerra. Un presidente puede responder a una agresión inmediata, pero no tiene la autoridad para iniciar hostilidades por su cuenta. Paralelamente, el derecho militar estadounidense, a través del Código Uniforme de Justicia Militar, incorpora las leyes internacionales de conflictos armados, obligando a todo soldado y comandante a cumplirlas. Ni siquiera el presidente puede ordenar violarlas. Estamos entonces ante una nación, cuya esencia política, el Estado Federal, está en un proceso de desintegración y su elite política, busca sobrevivir a costa de la violencia sobre los pueblos del mundo.
Por ello, resulta profundamente injustificable cuando se presencian actos militares que hacen trizas el entramado legal que soporta a una nación en decadencia. Un ataque contra sospechosos sin el debido proceso, sin una necesidad apremiante de defensa propia inmediata —como un barco que no representa una amenaza activa contra una potencia que almacena 5.225 ojivas nucleares—, y sin la autorización del Congreso, es un acto que se sitúa en un terreno jurídico y moral pantanoso. No es solo una operación militar cuestionable; es un precedente peligroso que redefine la definición de guerra hasta desdibujarla por completo y con la sobrevivencia de la especie humana en la mira.
Como bien apunta David French, un abogado y veterano de Irak, la esperanza de que las instituciones contengan a Trump en estos asuntos es tenue. Un Congreso sumiso y una Corte Suprema reacia a interferir en la autoridad presidencial en materia de defensa han creado un vacío de rendición de cuentas. Esta abdicación de su deber deja la responsabilidad final en el lugar donde, en una democracia, siempre debe residir, en el pueblo. ¿Volverá el pueblo estadounidense a colmar las calles tal como lo hizo en el año de 1963 contra la guerra de Vietnam?
La imagen de puños alzados en apoyo tras un ataque de este tipo es sintomática de un problema mayor. Es la celebración de la fuerza bruta desprovista de principio, del resultado por encima del proceso. La pregunta que deben hacerse los gringos no es solo si el objetivo era «malo», sino qué clase de nación quieren los estadounidenses ser. ¿Aceptarán que el poder ejecutivo tenga la potestad de juzgar, sentenciar y ejecutar fuera de cualquier marco legal, nacional o internacional? ¿A qué apostarán, a la civilización o la barbarie?
Permitir que la justicia y el Derecho Internacional Humanitario se extinga entre llamas y humo de misiles o drones no hace más seguros a los estadounidenses; los hace más vulnerables. Frágiles a la arbitrariedad del poder, al desprecio por las normas que protegen a todos los ciudadanos y ciudadanas de una nación y al ciclo imparable de la violencia que se alimenta a sí misma. Para muestra un botón, el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, en la Universidad de Utah, los misiles lanzados por la entidad sionista de Israel sobre la delegación de diálogo de Hamás en Catar o los 332 tiroteos escolares registrados en el 2024 (Datos del portal statista.com) .
La ley de la guerra existe por una razón, para que, incluso en el horror, quede un vestigio de humanidad. Preservar este principio es la obligación más urgente para sostén de la vida. Una nación cuyos líderes pueden asesinar sin rendir cuentas, embarcarse en guerras sin rumbo y desplegar fuerzas sin restricción es una nación al borde del abismo. Y en este caso, esta elite decadente de Washington, pretende arrojar a la humanidad hacia ese abismo
Ante la verdad y la razón que asiste al pueblo venezolano, a nuestro Presidente Nicolás Maduro, electo constitucional y democráticamente, la humanidad debe exhorta al pueblo estadounidense y a los integrantes de sus fuerzas armadas a parar la agresión contra el pueblo venezolano. Donald Trump y sus cómplices deben ser juzgados por los crímenes de guerra cometidos contra civiles en pro de la sobrevivencia de nuestra existencia como especie humana.
¡Humanidad o Barbarie!